En Núremberg se pidió que se creara «un Tribunal Internacional para investigar los crímenes del régimen de Lukashenka»
El 11 de octubre de 2021 se celebró en Núremberg la Conferencia Jurídica Internacional sobre crímenes de lesa humanidad y declaración de Lukashenka como terrorista, organizada por la Dirección Popular Anticrisis.
La líder democrática Sviatlana Tsikhanouskaya inauguró la conferencia. Señaló que el principio del imperio de la ley ya no funciona hoy en Belarús. Hay un incumplimiento legal en el país, afirmó Tsikhanouskaya y una vez más pidió a las democracias occidentales que apoyaran la creación de una plataforma internacional en la que se recopilarían, verificarían y conservarían todas las pruebas de violaciones del derecho internacional humanitario por parte de las autoridades belarusas. Además, propuso promover el uso de la jurisdicción universal para enjuiciar a Lukashenka, así como privar a Minsk del derecho de voto en la OACI, Interpol y otras organizaciones internacionales.
El jefe de la Dirección Popular Anticrisis, Pavel Latushka, en su informe citó estadísticas de violaciones de derechos humanos en Belarús: 40 mil personas fueron arrestadas, miles fueron torturadas, 16 personas fueron asesinadas, todos los periódicos independientes y 275 ONG fueron cerrados, decenas de miles de belarusos fueron despedidos del trabajo por motivos políticos. Latushka también recordó que Lukashenka había dado ordenes de matar a manifestantes pacíficos el año pasado. El opositor pidió la puesta en marcha del procedimiento de «persecución judicial del dictador y sus secuaces».
Tomasz Wilinski, abogado polaco, activista de derechos humanos y especialista en derecho penal internacional, cree que «en el caso de Belarús, estamos ante un terrorismo de Estado motivado por terrorismo político, que consiste en crear un estado de miedo para la realización de determinados objetivos políticos e ideológicos».
El exministro de Defensa de Polonia, Radoslaw Sikorski, recordó la desaparición de los opositores de Lukashenka a finales de los años 90. «La magnitud de la represión en Belarús no tiene precedentes en toda la región. Lukashenka aterroriza a la población civil. Debemos plantear la cuestión de la responsabilidad en el marco de la Corte Penal Internacional. Es un terrorista. Y será llevado ante la justicia», dijo el político polaco.
Como resultado de esta conferencia se adoptó una declaración de cinco puntos. Entre ellos, la petición de una mayor presión jurídica internacional sobre el régimen de Lukashenka y la aceleración de las causas penales existentes y apertura de nuevas causas penales en el marco de la jurisdicción universal contra los responsables de crímenes de lesa humanidad en Belarús; el no reconocimiento oficial internacional de Aliaksandr Lukashenka y su gobierno; el reconocimiento del régimen de Lukashenka como régimen terrorista y la inclusión del mismo Lukashenka en la lista de terroristas; la creación de un tribunal internacional ad hoc para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Belarús por el régimen de Lukashenka a lo largo de todos los años de su gobierno.