El Parlamento Europeo adopta una dura resolución sobre Belarús
El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución que insta a ampliar las sanciones contra las autoridades de Belarús y varios sectores de su economía.
En la resolución, el Parlamento Europeo recuerda que la UE no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, condena la represión, incluida la que está dirigida contra los medios de comunicación y los defensores de los derechos humanos, y pide que se inicie un diálogo inclusivo.
El Parlamento Europeo considera la campaña de inmigración ilegal organizada por el régimen de Lukashenka como una forma de guerra híbrida, califica el secuestro y el aterrizaje forzoso del avión de Ryanair como un acto de terrorismo de Estado y condena los acuerdos entre Lukashenka y Putin sobre la preparación de hojas de ruta para la integración.
Los eurodiputados instan al Consejo de la UE a que adopte «urgentemente» el quinto paquete de sanciones y comience a elaborar el próximo paquete. Se ha propuesto fortalecer las sanciones existentes, en particular contra la siderurgia, la producción y procesamiento de madera, la industria química, así como contra todos los bancos estatales y empresas clave, y prohibir la importación de productos que son producidos por presos en colonias correccionales.
El Parlamento Europeo pide a los estados miembros de la UE que declaren a todos los empleados del KGB personas non grata en la UE, que retiren a sus embajadores de Minsk para realizar consultas, y que las organizaciones internacionales, incluido el FMI, limiten la cooperación y la prestación de fondos al régimen de Lukashenka.
Los parlamentarios instan a los miembros de la UE a que apliquen activamente el principio de jurisdicción universal y preparen casos legales contra los funcionarios belarusos responsables o involucrados en la violencia y la represión, incluido Aliaksandr Lukashenka. Además, el Parlamento Europeo «apoya futuras discusiones sobre el posible establecimiento en La Haya de un tribunal internacional para las violaciones de derechos humanos en Belarús».