La violación de los derechos de los detenidos en el caso Zeltser

El 28 de septiembre de 2021 en Minsk tuvo lugar un tiroteo entre los oficiales del KGB y Andrei Zeltser, en cuyo apartamento las fuerzas de seguridad intentaban entrar a golpes con el uso de equipamiento especial. Las muertes de Zeltser y de uno de los oficiales del KGB causaron una enorme repercusión entre los usuarios de las redes sociales. Posteriormente, el servicio de prensa del KGB informó que cerca de 200 personas fueron detenidas por los comentarios escritos en redes sociales bajo publicaciones sobre las víctimas.

Según la información proporcionada por los familiares de los detenidos, tanto el centro de incomunicación de detenidos como la prisión preventiva número 8 no aceptaron paquetes para los detenidos durante más de seis semanas. Además, se les limitan la correspondencia, la recepción de paquetes y, en algunos casos, las visitas de sus abogados. Los empleados de la prisión de Zhodzina nombran la cuarentena por coronavirus como el motivo de tales restricciones. Al mismo tiempo, se aplicaron severas restricciones solo a los detenidos en el «caso Zeltser», y les empeoraron las condiciones de su detención deliberadamente. Durante un mes y medio los presos estuvieron con la misma ropa con la que fueron detenidos, sin productos de higiene ni ropa de abrigo.

El 4 de noviembre los defensores de derechos humanos Viasna enviaron una petición a los relatores especiales de la ONU Anaïs Marin, Nils Melzer e Irene Khan, así como al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria referente al trato cruel e inhumano de los detenidos. «La naturaleza de las acciones de los imputados fue la consecuencia de numerosas y generalizadas violaciones de los derechos humanos, la falta de posibilidad de libre expresión, la desconfianza en el sistema de aplicación de la ley del Estado provocada por la falta de investigación de los delitos contra manifestantes pacíficos y otras víctimas de tratos crueles y torturas, decepción por la capacidad de las autoridades de utilizar la fuerza de la ley para proteger los derechos vulnerados de los ciudadanos», enfatizan los defensores de los derechos humanos.